El Protocolo facultativo es un instrumento jurídico internacional independiente, paralelo a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue aprobado junto con la Convención el 13 de diciembre de 2006. El Protocolo facultativo es objeto de un proceso separado de ratificación. El Protocolo es facultativo en el sentido de que los Estados no están obligados a ratificarlo cuando ratifican la Convención, pero  España sí lo hizo.

 

Con la adhesión al Protocolo facultativo, los Estados reconocen la competencia del Comité de recibir denuncias de particulares que afirmen que se han violado disposiciones de la Convención. En el Protocolo facultativo también se brinda a Naciones Unidas la oportunidad de realizar investigaciones cuando haya recibido información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas de la Convención por un determinado Estado parte.

 

El encuentro, que se desarrollará a través de la plataforma Zoom a partir de las 9.45 horas, será inaugurado por la primera mujer con discapacidad en formar parte del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la Cedaw, por sus siglas en inglés), Ana Peláez Narváez.

 

Además, estará representada la Oficina de Peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que intervendrá Jorge Cardona, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Valencia y exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

 

Posteriormente, se celebrará una mesa redonda con testimonios de personas que han denunciado vulneraciones de derechos por razón de discapacidad y que han generado una “condena” por parte de Naciones Unidas al Estado español. En concreto, la abogada Gema Fernández, de la asociación Womens Link Worldwide, pondrá sobre la mesa el caso condenatorio a España del Comité de la Cedaw por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación.

 

En este sentido, se compartirá el caso por la discriminación contra un guardia urbano con discapacidad sobrevenida por no garantizar que los policías que adquieran una discapacidad puedan pasar a desarrollar una segunda actividad, sin verse obligados a abandonar su actividad laboral. Expondrá su testimonio en primera persona el impulsor de aquella denuncia, Vicenç Flores.

 

Por último, las expertas Patricia Cuenca e Inés de Araoz detallarán otro caso que, aunque no ha concluido, ha sido admitido a trámite, fruto de una denuncia por falta de ajustes de procedimiento en una persona con discapacidad intelectual interna en un establecimiento penitenciario.

 

Para el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, que moderará esta última mesa, “estos son solo algunos testimonios que ejemplifican que la Convención Internacional de la Discapacidad no es un tratado decorativo, papel mojado, sino que es de obligado cumplimiento por parte de los Estados que lo han ratificado, y las infracciones pueden llevar a reconvenciones y reprensiones al país”. En su opinión, “no se puede permitir que en pleno siglo XXI haya legislación de primera y de segunda en función de a quiénes proteja”.

 

Por ello, subraya la importancia de celebrar jornadas de este tipo, que sirven para impulsar el empoderamiento de las personas con discapacidad, sus familias y el tejido asociativo para denunciar las violaciones de derechos que, por desgracia, son más frecuentes de lo que pensamos”.